Inspección General de Justicia- Resolución General 17/2021

Resoluciones

El 23 de noviembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 17/2021 de la Inspección General de Justicia (“IGJ”), por la cual se modificó la Resolución General 17/2021, en su apartado que define lo atinente a la figura del Beneficiario Final.

Con anterioridad a la resolución en cuestión, el organismo de contralor definía a los Beneficiarios Finales como aquellas personas humanas que tuviesen como mínimo el 20% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.

La nueva normativa surge como consecuencia de la Resolución Nº 112/2021 de la Unidad de Información Financiera (“UIF”), mediante la cual el porcentaje a través del cual una persona es considerada beneficiaria final se reduce del 20% al 10%.

Esta modificación afecta, en primer lugar, al inciso 6 del artículo 510 de la Resolución General 7/15. Allí se encontraba la definición de qué entendería la IGJ como Beneficiario Final, ahora, aquel inciso remite a la normativa actual de la Unidad de Información Financiera y a cualquier “norma de dicho organismo que en el futuro la modifique o sustituya”. En este sentido, la IGJ subordina su definición a aquello que dicte el organismo mencionado. En la misma línea, se modificó el artículo 518 de la Resolución 7/15, donde antes se remitía al artículo 510, ahora se referencia directamente a lo prescripto por el artículo 2 de la Resolución Nº 112/2021 de la UIF.

Finalmente, la nueva normativa exige que, en caso de tratarse de una cadena de titularidad, se deberá describir la misma hasta llegar al Beneficiario Final, y además deberá acompañarse, en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria, estatutos societarios, registros de acciones, contratos, transferencias o cualquier otro documento que acredite la cadena de control. Lo dicho representa una carga más gravosa para cumplir con la obligación impuesta para cada trámite en el que se deba dar cuenta respecto a los Beneficiarios Finales.